Merchi González lleva once años en el Servicio Laboral de Algalia. Su labor principal es el asesoramiento y la gestión laboral de entidades sin ánimo de lucro.

1.- El área en la que trabajas sufre constantes cambios normativos de orden jurídica y laboral, sobre todo tras la reforma laboral de 2022. ¿Cómo afrontáis y gestionáis estos cambios de cara a los clientes?

Dentro de los distintos servicios de asesoría, el servicio laboral siempre fue un sector en constante cambio, actualización de convenios, de bases y salarios mínimos, de antigüedades … Pero, últimamente, la gestión está siendo realmente complicada por el incremento de la normativa que afecta a nuestro trabajo, los cambios legislativos sin tiempo para adaptar programas y otras herramientas… Es el problema añadido de que la propia administración no es quien de adaptarse en los plazos impuestos por ella misma…

La gestión laboral desde que empecé, hace treinta años, hasta ahora no tiene absolutamente nada que ver… Por supuesto, muchos cambios sirvieron para mejorar el hacer nuestra labor más eficaz y rápida, pero, por el camino, también perdimos el contacto directo con la administración, sobre todo desde la pandemia. La posibilidad de consultar, de comunicarnos y de ayudarnos mutuamente, de tener una interlocución directa con la administración entre profesionales que al final buscan lo mismo…

De cara a nuestras entidades intentamos comunicar las modificaciones de la manera más clara posible, aportando información sobre cómo les van a afectar y apoyarlos en su gestión.

2.- El Servicio Laboral de Algalia se unió a la reivindicación del Colegio de Graduados Sociales de Pontevedra contra el incremento en la exigencia de las obligaciones con derivación de labores propias de la Administración hacia vuestro colectivo, con el consiguiente esfuerzo extra. ¿En qué punto se encuentra la negociación? 

Siempre es difícil lograr cambios en la administración. Los colegios de Graduados Sociales, a nivel nacional, deberían estar mucho más unidos en implicados en esta protesta. Hay un importante incremento de trabajo causado por la burocracia de la administración que no redunda en beneficio de nuestros clientes, y eso no es sostenible.

Por otro lado, no cuentan con nuestro colectivo para consultar o confrontar las normas, o los plazos para llevarlas a cabo, sin embargo, sí recae sobre nosotros la responsabilidad de tramitarlas y explicarlas cuando las personas afectadas son nuestras entidades.

3.- ¿Qué parte de tu actividad es más difícil de gestionar en el día a día? ¿Y la más agradecida?

Para mí, lo más difícil es la inseguridad jurídica en la que nos encontramos, no puede ser que la interpretación de una norma dependa de quien te toque como inspector o como interlocutor de la administración. Eso es complicado de explicar a un cliente…

La más agradecida es nuestro sector, donde hay mucha gente preocupada por mejorar la vida de otras personas, intentando hacerlo lo mejor posible. Es lo que nos da ánimos, y aporta valor a nuestra función.

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