El significado de las palabras que empleamos en nuestro devenir cotidiano nunca es secundario, pero cuando hablamos de personas, de ámbitos tan sensibles como el social o el tercer sector, su magnitud cobra especial relevancia en nuestra habla.
Esta semana avanzamos un paso en la inclusión de las personas con discapacidad, ya que se aprobó en el Congreso la reforma del artículo 49 de la Constitución, que va a permitir sustituir el término disminuido por la expresión “personas con discapacidad”. La reforma del texto constitucional cerrará así una demanda que llevaban tiempo reclamando todos los colectivos representativos de la discapacidad. La redacción de la Carta Magna en 1978 hace tiempo que quedó obsoleto y que precisaba de una revisión global adaptada a la visión actual de este conjunto social que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en abril de 2022 estaba integrado por más de 4,3 millones de personas en España
El término “persona con discapacidad” es el apropiado para utilizar frente a otras referencias discriminatorias, degradantes e insultantes como soy disminuido. Hablar de persona con discapacidad es dar un paso más hacia la inclusión y el respeto de un colectivo que forma el 9% de la población mundial. La utilización de un lenguaje apropiado que no menosprecie a la persona no solo es necesario, sino que es un deber de justicia social.
Así las cosas, la nueva redacción en el artículo 49 de la Constitución establece que «las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deber previstos en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación». Además, indica que «los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad» y que «estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad» en los términos que establezcan las leyes».
La reforma constitucional en este caso no se queda solo en los aspectos lingüísticos, sino que incorpora nuevos matices con respeto a la igualdad de derechos de estas personas con respecto a los demás ciudadanos, en especial, la atención “a las necesidades específicas” que tienen mujeres y menores con discapacidad.
En definitiva el cambio de palabra muestra muchas más cosas. Muestra la realidad de un movimiento asociativo de personas y familias, que llevan 40 años defendiendo los derechos que, como ciudadanos, tienen. Muestra la superación de una visión asistencial pasando a ser sujetos de deber y derechos. Muestra la fuerza de la sociedad civil. Y muestra la calidad de una sociedad a través de cómo se comporta con los más débiles.
Celso Gándara, gerente de Algalia y presidente del Foro Por la Economía Social Gallega FOROESGAL
