Cuadrando con el final del plazo para la presentación de la declaración anual de I.R.P.F., el Estado y las Comunidades Autónomas han alcanzado un acuerdo sobre la concesión de subvenciones a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del I.R.P.F. para el año 2017.
De la importancia social de este sistema da una idea de lo que el año 2016 permitió:
- que fueran atendidas casi 7,4 millones de personas
- que se repartieran más de 234 millones de euros
- que se ejecutaran 8.552 proyectos
- que se financiasen 1.383 programas
- y que participara más de 114.000 personas voluntarias.
Los antecedentes.
La concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del I.R.P.F. es una medida consolidada en el tiempo y arraigada en la sociedad española, y ejecutada por medio de convocatorias anuales.
La Sentencia del Tribunal Constitucional, del Pleno, nº 9/2017, de 19 de enero exigía -esa era la expresión literal- exige que el Estado abordara sin demora la modificación del marco regulador de estas subvenciones para respetar las competencias que se desprenden de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, evitando «la persistencia de situaciones anómalas en las que sigan siendo ejercitadas por el Estado competencias que no le corresponden».
Así, el «Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia» en la sesión del día 26 de abril de 2017 adoptó por unanimidad el acuerdo de que el futuro modelo de gestión del 0,7% del IRPF sea un modelo mixto: un tramo compete a la Administración General del Estado y otro a las CC.AA y Ciudades con estatuto de autonomía, en condiciones a concretar.
La concreción.
El modelo mixto se concretó en la sesión de 19 de junio de 2017 del mismo «Consejo» en un reparto del 20% para el Estado y un 80% para las CC.AA. y Ciudades con estatuto de autonomía, lo cual para 2017 supone la siguiente distribución del crédito «Para actividades de interés general consideradas de interés social»:
| TOTAL | 240.856.313,87 euros |
| ESTADO | 48.171.262,77 euros |
| CC.AA. y Ciudades con estatuto de autonomía | 192.685.051,10 euros |
De estos, le corresponde a Galicia 11.453.784,35 euros, es decir, un 5,94%. del tramo autonómico, del cual Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla y León llevan la parte de León, con un total entre las cuatro de más de 116 millones de euros de acuerdo con la Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, complementada por la Orden SSI/597/2017, también de 23 de junio.
Se considerarán cómo entidades beneficiarias de estas subvenciones las entidades del Tercer Sector de Acción Social definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, la Cruz Roja Española, así como las contempladas cómo entidades del Tercer Sector de Acción Social en la legislación específica de las CC.AA. y ciudades con estatuto de autonomía.
El día después.
Después de este importante acuerdo restan aún flecos de este recién nacido sistema, de entre los cuales queremos destacar en esta breve noticia cuando menos los dos siguientes:
- El acuerdo se refiere al ejercicio de 2017, y para el escenario a partir de 2018 quedó constituido un grupo de trabajo para analizar el futuro del sistema.
- Resta por concretar la aplicación dentro de cada A. y Ciudad con estatuto de autonomía, tanto para este año 2017 cómo para los años futuros, en particular los criterios para la selección, de los cuales los acuerdos alcanzados destacan dos grandes criterios con sus subcriterios:
- Criterios orientativos de valoración de las entidades solicitantes:
- Implantación: ámbito territorial, y número de personas socias y afiliadas.
- Estructura y capacidad.
- Calidad en la gestión: valores, principios y criterios de calidad, mediante el desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad o mediante procesos de autoevaluación y avance continuo de forma periódica.
- Auditoría externa.
- Presupuesto y financiación: presupuesto, patrimonio, financiación obtenida de otras instituciones, capacidad para movilizar recursos de otros entes públicos y/o personales
- Participación social y voluntariado.
- Antigüedad.
- Adecuación de recursos humanos, teniendo en cuenta:
- La naturaleza, características y duración de la contratación del personal asalariado preexistente y de nueva incorporación.
- El empleo de personas con discapacidad.
- El empleo de personas en situación de exclusión social o empresas de inserción en las que la entidad tenga la consideración de entidad promotora.
- El empleo de mujeres, de personas nuevas y desempleadas de larga duración.
- La existencia de planes de igualdad.
- Criterios orientativos de valoración de los programas.
- Determinación de los objetivos: objetivos, impacto, población a la que van dirigidos.
- Contenido técnico del programa: adecuación al objetivo propuesto, calendario, actividades concretas, indicadores.
- Calidad: desarrollo e implantación de un proceso de calidad.
- Presupuesto del programa: presupuesto y coste medio por usuario.
- Cofinanciación.
- Corresponsabilización: cofinanciados por la propia entidad.
- Ámbito.
- Programas de innovación: necesidades no cubiertas.
- Experiencia en la gestión de programas sociales.
- Impacto del programa: número de destinatarias.
- Evaluación de las necesidades de las personas o grupos en los que se integran.
- Colaboración con otras Administraciones Públicas: las actividades del programa complementan los programas previstos por las distintas administraciones públicas, valorándose los acuerdos de colaboración con las mismas.
A la vista de todo el anterior, ¿estamos preparados para el año 2018, y los siguientes? ¿Cómo entidad? ¿Y los programas también?
El tiempo, y las subvenciones -conseguidas o no conseguidas- nos lo van a decir.
Santiago Miguez
Responsable del Servicio Jurídico de Algalia Servicios para el Tercer Sector
