El Foro por la Economía Social Galega, FOROESGAL, presentó hace unos días el Primer Estudio sobre el Impacto Socioeconómico de los Principios y Valores de la Economía Social Gallega, de voz de sus autoras: las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos, Belén Castro y Rosa Santero, y la directora de Abay Analistas Económicos, Maribel Martínez.
El estudio apunta que la economía social (ES) contribuye a un crecimiento inclusivo y a la reducción de las desigualdades, presentando más estabilidad del empleo, niveles salariales superiores y menor dispersión salarial.
En Galicia, 5 de cada 100 empresas o entidades del sector privado pertenecen a la Economía Social, lideradas por la provincia de A Coruña, con el 43,9% de las entidades, seguida por Pontevedra, con un 35,5% adicional; Lugo representa el 11,2%, y Ourense, el 10,7%.
Por sectores de actuación, la economía social gallega tiene una clara especialización en Servicios Sociales, donde el peso relativo de este sector en la ES es 12 veces superior al que tiene en la economía mercantil. Le siguen Cultura y Ocio (6,5 veces superior), Educación (5 veces superior) y Sanidad (2 veces superior).
Para las autoras del informe, el valor de las entidades de la economía social radica en la “contribución muy positiva para el conjunto de la sociedad gracias a sus efectos sobre la cohesión social, la cohesión territorial y la creación de empleo inclusivo”.
En el ámbito laboral, cuentan con menor porcentaje de trabajadores/ as con jornada parcial (26,7% frente al 35,5% en las empresas mercantiles). Además, genera actividad, empleo y oferta de servicios clave en las zonas rurales, ya que encontramos este tipo de empresas, sobre todo, en ayuntamientos de menos de 40.000 habitantes.
Como colofón, el informe, apoyado por Cajamar, Caixa Rural Galega y la Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia, constata que los beneficios totales netos (directos e indirectos) que los principios de la economía social gallega acercan a la sociedad se cifran en 851,2 millones de euros anuales. De este importe total, el 43% está vinculado a la creación de oferta en dependencia y educación, el 24,4% a las mejores condiciones de empleo y el 21% a la creación de puestos de trabajo para colectivos con problemas de empleabilidad.
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