El incremento en la exigencia de las obligaciones con derivación de trabajos propios de la Administración hacia nuestro colectivo está desbordando los servicios de los profesionales laborales. Los trámites a los que nos obliga la Administración Pública generan tantas horas de dedicación como las consultas de nuestros propios clientes.
A continuación, enunciamos algunas de las quejas y reclamaciones trasladadas por los colegios oficiales a las autoridades competentes, y de las que nos hacemos eco:
- La reducción progresiva de los cauces de “atención al cliente” de las AAPP, no sólo a los profesionales laborales sino a las empresas y particulares.
- El deterioro del buen funcionamiento de la Administración, que es exigible constitucionalmente.
- Las masivas notificaciones derivadas de tantos cambios normativos y de una digitalización basada en el trabajo del usuario del sistema.
- La continua e inadecuada implantación de las numerosas normativas que entran en vigor.
- La acumulación de expedientes y retrasos que complejizan los procesos y causan daños económicos a las empresas.
- La publicación de normas de cotización extemporáneas y con errores que obligan a duplicar trabajos y generan desconfianza hacia los profesionales.
- Las campañas del Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de Inspección que impiden formular alegaciones bajo amenaza de acta de infracción.
- La transgresión de las normas de procedimiento administrativo como, por ejemplo, generar deudas en el sistema sin notificación previa, ni fase de instrucción…
Todo ello está causando perjuicios económicos y desánimo generalizado en los profesionales laborales, provocando abandonos de la profesión y daños irreparables a la salud.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Servicio Laboral de Algalia, S. Coop. Galega se suma a la concentración del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra ante la Subdelegación del Gobierno en esta localidad, el día 14 de junio a las 12.00 horas.
Con este gesto, mostramos nuestro apoyo a las reclamaciones que, desde el año 2020, vienen haciendo nuestros Colegios Profesionales y Consejo General ante los Ministerios de Trabajo y Economía Social y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de las que, hasta la fecha, no ha habido respuesta.
